TikTok acepta pagar USD 400 millones para resolver caso de privacidad infantil en EEUU
San Francisco, Estados Unidos, 21 Ago 2026 (AFP) -
TikTok y su empresa matriz, ByteDance, aceptaron pagar 400 millones de dólares para resolver una demanda con el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos por acusaciones de que la plataforma de videos violó las leyes federales de privacidad infantil, informó el viernes el DoJ.
"En virtud del acuerdo, TikTok pagará 300 millones de dólares de inmediato y otros 100 millones de dólares adicionales cuando se dicte una orden que deje sin efecto un decreto de consentimiento previo emitido contra el predecesor de TikTok, Musical.ly", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
Es "una de las mayores indemnizaciones obtenidas" en un caso relacionado con la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés), añadió.
Esta legislación prohíbe que los sitios web recopilen información personal de niños menores de 13 años sin el permiso de sus padres.
El DoJ y la FTC, la agencia de Estados Unidos que regula la competencia y protege a los consumidores, demandaron conjuntamente a TikTok en 2024 por considerar que había puesto en peligro la seguridad de millones de niños al recopilar sus datos personales sin el permiso de sus padres.
Afirmaron que TikTok permitía que los niños usaran la aplicación, y que guardaba y utilizaba datos personales de usuarios jóvenes sin informar a sus padres.
Incluso las cuentas creadas en un "Modo para niños", pensado para usuarios menores de 13 años, recopilaban direcciones de correo electrónico y otra información personal, según la demanda.
En 2019, Estados Unidos presentó una demanda basada en la ley COPPA contra una aplicación llamada Musical.ly, que ByteDance compró en 2017 y luego fusionó con TikTok.
TikTok no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.
En Estados Unidos, TikTok también está implicada en un amplio litigio que afecta también a Meta (Facebook e Instagram), Snapchat y YouTube, todos demandados por familias, comunidades escolares y una coalición de estados estadounidenses que los acusan de haber afectado la salud mental de los adolescentes.
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