El Comité Multisectorial desconoce a Ortuño y cierra filas por la anulación “inmediata” de la disposición de decomiso
El martes, la CEPB y el Gobierno acordaron suspender la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley Financial referida a los decomisos de productos en caso de agio y especulación hasta hallar consensos y el respeto a la propiedad privada.
Las más de 35 organizaciones que conforman el Comité Multisectorial publicaron este miércoles un comunicado público en el que “mantienen firme su posición de exigir la derogatoria de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Financial 1613 por considerarla ilegal, inconstitucional y atentatoria a la propiedad privada”.
En el documento, denominado “ratificación de la exigencia de derogatoria inmediata de la disposición adicional séptima de la ley financial”, el bloque de productores y actores de la cadena de suministro “expresan su sorpresa por la celebración de un presunto acuerdo entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno Nacional, por medio del cual aparentemente se dejaría en suspenso la aplicación de la referida normativa que allana el camino a la confiscación y decomisos”.
Acuerdo
El martes, la CEPB y el Gobierno acordaron suspender la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley Financial referida a los decomisos de productos en caso de agio y especulación.
La medida no se aplicará mientras no se concreten consensos sobre esta disposición y el respeto a la propiedad privada, manifestó el presidente de la CEPB, Giovani Ortuño.
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En referencia a ese pronunciamiento, el bloque señaló: “Es menester aclarar que el Sr. Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, no cuenta con ninguna representación del Comité Multisectorial y que tampoco participó en ninguno de los Ampliados realizados por el Comité en los diferentes departamentos del país, por lo cual se niega y se desconoce este acuerdo”.
En ese marco, ratificó “que mantiene incólume la unidad de los sectores que lo componen, que mantiene su estado de emergencia y que se continuará promoviendo las movilizaciones escalonadas hasta lograr la derogatoria por parte de las instancias pertinentes”.
El Gobierno indicó que no es su competencia modificar la norma y derivó esa responsabilidad al Legislativo. En esa instancia, el Senado aprobó una ley, aunque -según el Ejecutivo- incluyó otros acápites que atenta contra la política fiscal y ponen en riesgo por ejemplo la subvención de los combustibles.
