Gremiales al Gobierno: “Primero tienen que sacar (derogar) esa disposición de decomisos y luego vamos al diálogo”
Ante la convocatoria del Gobierno para sostener reuniones a partir del lunes, el secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales dijo que se tuvo 60 días para abordar la norma y se la promulgó sin un consenso
Después de que el Gobierno nacional convocó a sectores del aparato productivo a una mesa de diálogo para abordar lo referente a la disposición adicional séptima de la ley financial, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César González, que antes de ir a cualquier encuentro se debe eliminar esta disposición.
El dirigente cuestionó que las autoridades tuvieron 60 días (noviembre y diciembre), periodo en el que se debía discutir el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, lapso en el que también se puso en manifiesto el rechazo a esta disposición; sin embargo, la norma entró en vigencia sin que hubiera pasado el filtro de la Asamblea Legislativa.
“Esta ley debían haberla tratado los últimos 60 días del 2024, ¿por qué ahí no invitaron y llamaron al diálogo en su momento? Hoy esta ley ya la promulgaron y ya está en la gaceta, primero tienen que sacar (la disposición) y luego vamos al diálogo”, manifestó el ejecutivo.
Sin embargo, al hacer al convocatoria al diálogo a los diferentes sectores que se encuentran movilizados contra esta disposición, el ministro de Justicia, César Siles, no habló de suprimir este apartado de la ley, sino que consideró que la disposición recoge mandatos de otras disposiciones y que los términos se pueden abordar en la respectiva reglamentación.
La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
El dirigente gremial advirtió que la disposición faculta a instancias del Órgano Ejecutivo a activar acciones de confiscación y decomiso, lo que es una sanción que ya vulnera al aparato productivo y va contra el artículo 117 de la Constitución, el cual determina que Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso.
González ratificó que los gremiales y otras esferas del aparato productivo mantendrán un ampliado multisectorial en Sucre el 30 de enero debido a este escenario, ratificando también una movilización nacional para el 10 de febrero en rechazo a esta polémica disposición que también tiene intranquilos a industriales, productores, cuentapropistas, transportistas y otros sectores.
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