Posturas a favor y en contra marcan el panorama ante el nuevo precio de los combustibles
El fin de la subvención al diésel y la gasolina genera rechazo ante el costo social de esta política, mientras que sectores productivos ven necesario el ajuste para sincerar la economía
La eliminación de la subvención al diésel y la gasolina, dispuesta mediante el Decreto Supremo 5503, abrió un escenario de controversia entre sectores sociales, productivos y políticos, en donde algunos advierten un alto costo social por el incremento inmediato de los precios y otros consideran que el ajuste es necesario para ordenar la economía y evitar una crisis mayor.
El Gobierno defendió la decisión señalando que permitirá liberar importantes recursos fiscales con un precio para la gasolina Especial de Bs 6,96 y de Bs 9,80 para el diésel, contemplando un ahorro de 3.500 millones de dólares que serán destinados a proyectos productivos, según el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
Desde el sector empresarial, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) respaldó las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, considerando que el ajuste es necesario para ordenar y sincerar la economía, así como para corregir distorsiones acumuladas en el mercado.
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En la misma línea, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su apoyo a las medidas de ordenamiento estructural, señalando que el levantamiento de la subvención permitirá reducir el déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y enfrentar el contrabando.
Desde el análisis técnico, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos advirtió que revertir la medida podría generar un escenario de desabastecimiento en pocas semanas y, si bien calificó la eliminación del subsidio como una decisión dura, sostuvo que es necesaria.
Escenario político
En el ámbito político, el expresidente Jorge Tuto Quiroga señaló que el incremento del diésel, la gasolina y el GNV puede generar un efecto inflacionario inmediato si no se protege al transporte público, lo que puede afectar directamente a la población.
Mientras que el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, junto a jefes de bancada y asambleístas de distintas fuerzas políticas, rechazó la eliminación de la subvención y anunció acciones en el marco de la Constitución, advirtiendo que “no era el momento” para aplicar la medida.
En el Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, pidió a un gran diálogo nacional tras la emisión del DS 5503 y exhortó al Ejecutivo y a los sectores movilizados a buscar consensos. “No podemos ignorar que estas medidas están impactando sobre la población boliviana”, señaló.
Voces de rechazo
Desde el sector sindical, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia en La Paz para analizar y definir medidas contra la eliminación de la subvención, calificando los nuevos precios del combustible como un atentado contra el pueblo y tildando de cobarde la conducta del Gobierno.
El transporte urbano e interprovincial de La Paz anunció un paro de 24 horas en rechazo al decreto, de acuerdo con el dirigente Limbert Tancara, quien informó que la medida se acatará en las 20 provincias del departamento.
A nivel nacional, los transportistas federados advirtieron con un paro indefinido desde el sábado y anunciaron el incremento del pasaje, así como también la dirigencia se declaró en emergencia y sostuvo que mantendrá las medidas hasta que se retome la subvención a los combustibles.
En el ámbito regional, los productores soyeros de la provincia cruceña de Ichilo dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para eliminar el decreto, advirtiendo con bloqueos debido a que la medida no fue socializada.
