Presión para abrogar el Decreto 5676: Rodrigo Paz ya retrocedió antes y anuló dos normas clave
Varios sectores conminaron al Gobierno a abrogar el decreto que incrementa el precio del diésel para los grandes consumidores. Antes ya cedió en escenarios de conflicto
El Decreto Supremo 5676, que eleva a Bs 18 el precio del litro de diésel para los grandes consumidores (Gracos), ha desatado el rechazo de varios sectores, que amenazan con movilizarse en pleno Estado de excepción si el Gobierno de Rodrigo Paz no da marcha atrás y abroga la norma.
Una eventual abrogación del decreto se convertiría en la tercera vez, en menos de un año, que el presidente Paz da marcha atrás en una norma que, al momento de ser promulgada, fue anunciada como clave para su política económica.
El primer antecedente tiene que ver con el Decreto Supremo 5503, promulgado el 17 de diciembre de 2025, durante los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz. Su objetivo declarado era enfrentar la crisis económica, financiera, energética y social; recuperar liquidez y reservas internacionales; garantizar el abastecimiento de combustibles, y reactivar la producción y la inversión.
Entre sus medidas más importantes estaban la eliminación parcial de la subvención a los combustibles; el establecimiento de nuevos precios de la gasolina y el diésel; medidas para fortalecer las reservas internacionales y la liquidez; el incremento del Salario Mínimo Nacional; medidas para atraer inversiones, y modificaciones en materia tributaria, energética y administrativa.
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Si bien hubo consenso nacional respecto a la medida más delicada del decreto —la eliminación parcial de la subvención a los carburantes—, la COB y otros sectores cuestionaron el alcance de la norma en temas como las inversiones, los recursos naturales y el régimen energético. Las protestas derivaron en movilizaciones, bloqueos de carreteras y presión directa sobre el Gobierno. Para enero, los bloqueos habían llegado a decenas de puntos del país.
Ante la presión social, el Gobierno de Paz abrió negociaciones con la COB y otras organizaciones sociales. El 9 de enero de 2026, el Gobierno informó oficialmente que había concluido un proceso de diálogo con el acuerdo de abrogar el DS 5503.
Poco después, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5516, el 13 de enero de 2026, que abrogó expresamente el DS 5503. Esto no significó regresar completamente a la situación anterior. Se conservaron varias de las medidas económicas centrales, especialmente la nueva estructura de precios de los combustibles y determinadas medidas sociales.
El nuevo decreto reformuló y redujo considerablemente el contenido del 5503: pasó de una norma de 121 artículos a otra mucho más acotada, de 32 artículos, además de disposiciones transitorias.
El segundo caso es diferente porque no se trató de un decreto del Ejecutivo, sino de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, promulgada por Rodrigo Paz y posteriormente abrogada a pedido de su Gobierno.
La Ley 1720 de Reconversión de Tierras fue promulgada en abril de 2026. Su objetivo era permitir que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) convierta la clasificación de determinadas pequeñas propiedades tituladas en propiedades medianas. La conversión era voluntaria y permitía actualizar la clasificación catastral.
La norma abría la posibilidad de que una pequeña propiedad titulada pudiera convertirse en propiedad mediana, facilitando que el terreno adquiriera características que permitieran, entre otras cosas, utilizarlo como respaldo para operaciones financieras.
Los detractores sostenían que la norma había sido aprobada sin suficiente socialización ni consulta con las organizaciones campesinas e indígenas y que podía facilitar la transformación de la tierra en un activo financiero.
El 8 de abril, casi coincidiendo con la promulgación de la ley, comenzó una marcha de campesinos e indígenas desde Pando hacia La Paz para exigir su abrogación.
El Gobierno intentó inicialmente explicar los alcances de la norma y abrió espacios de diálogo. El 14 de abril, por ejemplo, envió una comisión de alto nivel a Rurrenabaque para dialogar con los sectores movilizados.
Después de aproximadamente 24 días de caminata, los campesinos e indígenas amazónicos llegaron a las inmediaciones de La Paz a comienzos de mayo. Su principal demanda seguía siendo la abrogación de la Ley 1720.
El conflicto alrededor de la Ley 1720 terminó conectándose con una conflictividad social mucho más amplia.
A comienzos de mayo se intensificaron los bloqueos de carreteras, con participación de sectores campesinos y de la COB. La demanda por la abrogación de la Ley 1720 se incorporó a un pliego más amplio de reivindicaciones económicas, laborales y políticas.
En ese contexto, la Asamblea Legislativa comenzó a tramitar la abrogación en coordinación con el Órgano Ejecutivo.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de abrogación y lo remitió al Senado. El proyecto señalaba expresamente que se abrogaba en su totalidad la Ley 1720, del 10 de abril de 2026.
Después de modificaciones introducidas durante el trámite legislativo, la norma fue finalmente sancionada y el 13 de mayo de 2026 Rodrigo Paz oficializó su abrogación.
El propio Paz presentó la decisión como resultado del diálogo y anunció que el Gobierno trabajaría posteriormente en una nueva legislación de tierras construida mediante consenso y participación de los diferentes sectores. Hasta la fecha se desconoce de la propuesta o tratamiento de una nueva alternativa.
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Ahora, en un escenario de presión, el Gobierno deberá decidir si retrocede una vez más. ¿Qué puede pasar?
Este martes, ante el anuncio de bloqueo en el ingreso al municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, autoridades de Gobierno llegaron hasta la sede de la Federación de Interculturales para intentar evitar las medidas de presión y adelantaron una postura sobre el futuro de la norma.
Al momento de ingresar a la sede, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, en compañía del vicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Víctor Hugo Blacud, indicó que están llegando al lugar para “resolver” el tema.
“El decreto supremo que ha sacado el gobierno, efectivamente está generando muchos problemas en su aplicación. Yo he informado al gabinete, que ha dicho que sí quiere abrogar, derogar, pero no puede quedar como está, ¿por qué?, porque no ha cumplido su objetivo”, dijo la autoridad.
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A esto, el viceministro añadió: “su objetivo era que los grandes consumidores traigan su propio diésel y los pequeños productores se les garantice el diésel a un precio subvencionado. Lamentablemente, ha habido problemas en su aplicación”.
Con ello hizo énfasis en que “este decreto tiene que ser abrogado, tiene que ser modificado”.
Una palabra oficial al respecto será conocida en las próximas horas.
