Del subsidio al misil: Bolivia importa petróleo... y ahora también la guerra
Hay una magnífica expresión en portugués que debería colocarse en la entrada del Ministerio de Economía: o ótimo é inimigo do bom. Lo óptimo es enemigo de lo bueno. Una advertencia contra esa enfermedad frecuente entre economistas y políticos: diseñar soluciones impecables para países que solo existen en los paisajes del Excel.
En el debate boliviano sobre los combustibles ha triunfado una idea aparentemente irrebatible: eliminemos la subvención y dejemos que el diésel refleje el precio internacional. El argumento tiene fundamentos económicos sólidos. Una subvención generalizada distorsiona precios, estimula el consumo, favorece el contrabando, desalienta la eficiencia y destroza las finanzas públicas. Hasta aquí, aplausos. Milton Friedman podría dormir tranquilo.
Y el Gobierno acaba de avanzar precisamente en esa dirección: eliminó la subvención al diésel y anunció que su precio fluctuará según el mercado internacional. Según el Presidente, el Estado destinaba alrededor de 55 millones de dólares semanales a la subvención de combustibles, principalmente diésel, equivalentes a más de 2.600 millones de dólares anuales.
Estoy de acuerdo con el destino final: Bolivia debe abandonar la subvención universal. El problema está en confundir el destino con el camino.
Porque una cosa es eliminar una subvención fiscalmente insostenible y otra muy distinta colocar al consumidor boliviano, pechito de bronce descubierto, frente a uno de los mercados más volátiles y geopolíticos del planeta.
El petróleo tiene oferta y demanda, ciertamente, pero también OPEP, sanciones, guerras, bloqueos, drones, portaaviones y misiles. Adam Smith participa en este mercado, pero ocasionalmente comparte mesa con el Pentágono.
Cuando una guerra amenaza el estrecho de Ormuz, el precio internacional incorpora una prima de riesgo geopolítico: temor a interrupciones, mayores costos de transporte y seguros e incertidumbre sobre la oferta. Por eso no todo incremento del petróleo representa necesariamente un nuevo precio de equilibrio de largo plazo. Una parte puede ser simplemente el precio temporal de que el mundo haya decidido volverse loco.
Y aquí aparece mi principal diferencia con la decisión gubernamental. Si el diésel boliviano fluctúa directamente con el precio internacional, corremos el riesgo de sustituir la vieja subvención por algo igualmente problemático: un impuesto de guerra importado.
Dispara Irán, responde Estados Unidos, aumenta el seguro marítimo y termina pagando el productor de Santa Cruz, el transportista de Cochabamba y finalmente la señora que compra tomates en La Paz.
Globalización, ciertamente, pero con servicio de entrega a domicilio. El Gobierno es consciente del impacto distributivo y por eso ha anunciado un amplio paquete compensatorio: Bono PEPE 2 para cerca de 2,9 millones de personas por Bs 874 millones; hasta Bs 800 millones en créditos preferenciales alrededor del 6% para transportistas, gremiales, artesanos, comerciantes y productores; aumento del Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300; mayor flexibilidad para créditos de vivienda social y productivos; apoyo financiero a gobiernos subnacionales; arancel cero para diversos insumos y bienes de capital; ampliación del perdonazo tributario; un programa de enlosetado para generar empleo; créditos de Bs 50.000 a Bs 400.000 para productores y continuidad en la devolución de depósitos en dólares.
Varias de estas medidas pueden ser individualmente razonables. Reducir aranceles a bienes de capital puede mejorar productividad. Facilitar crédito puede aliviar restricciones financieras. Un bono puede proteger temporalmente ingresos vulnerables. El problema no es necesariamente cada instrumento por separado.
El problema es que no forman todavía una arquitectura energética integrada. Tenemos un bono por aquí, un crédito por allá, un perdonazo tributario más adelante, facilidades crediticias, enlosetados, apoyo a municipios y rebajas arancelarias. Es una batería de medidas paliativas frente a un shock cuyo mecanismo de transmisión permanece intacto: si mañana vuelve a subir fuertemente el petróleo internacional, el nuevo precio entra por el surtidor, pasa al transporte, continúa hacia los costos productivos y finalmente aterriza en alimentos e inflación.
Estamos poniendo curitas en distintos lugares mientras dejamos abierta la tubería por donde entra el shock. Además, crédito no es lo mismo que compensación. Un transportista al que le aumenta permanentemente el costo del diésel puede recibir un préstamo al 6%, pero el préstamo tendrá que devolverlo. Hemos financiado temporalmente su problema; no necesariamente lo hemos resuelto. Y un bono general puede aliviar el ingreso familiar, pero no distingue cuánto del impacto energético recibe un pequeño productor, un transportista urbano o una familia vulnerable.
Hay también una cuestión de eficiencia fiscal. En vez de dispersar recursos entre múltiples mecanismos que no necesariamente guardan relación directa con el consumo energético afectado, podemos construir un sistema que actúe exactamente donde nace cada problema.
Mi propuesta busca precisamente eso y puede resultar más integrada y fiscalmente más eficiente, porque cada instrumento tiene una sola función: Precio Energético de Referencia + Banda y Fondo de Estabilización + Token de Energía. Primero, un Precio Energético de Referencia transparente, calculado con precio internacional, logística, impuestos, márgenes eficientes y tipo de cambio. Bolivia debe pagar el verdadero costo económico de la energía. No propongo volver a esconderlo.
Pero ese precio no tiene por qué reproducir la cotización histérica de las tres de la tarde. Puede utilizar promedios móviles para distinguir entre una tendencia estructural y un shock extraordinario.
Segundo, una Banda de Estabilización. Si el petróleo se mueve dentro de parámetros normales, el precio interno también se mueve. Funciona el mercado. Pero cuando una guerra o perturbación excepcional empuja el precio fuera de la banda, entra temporalmente un Fondo Boliviano de Estabilización Energética.
Cuando el petróleo está barato, el Fondo acumula. Cuando el mundo pierde temporalmente la cordura, amortigua. No elimina el ajuste: compra tiempo.
Porque estabilizar no significa congelar. Si el petróleo se dispara durante tres semanas y después retorna a su nivel anterior, evitamos transmitir todo ese infarto al transporte, agricultura, alimentos e inflación. Pero si después de 90 o 180 días sigue caro, ya no enfrentamos un shock transitorio sino una nueva realidad, y esa realidad debe incorporarse gradualmente al precio.
La regla es sencilla: guerra corta, paga temporalmente el Fondo; petróleo estructuralmente caro, paga progresivamente el precio.
Y tercero aparece el Token de Energía, que sustituye la dispersión de ayudas por una protección directamente vinculada a quien realmente necesita energía.
No es una criptomoneda. Es un derecho digital, identificable y limitado a recibir apoyo para determinado consumo energético.
En vez de entregar gasolina barata a todo el mundo o repartir compensaciones generales después del shock, identificamos directamente a quienes queremos proteger: transporte público, pequeños productores, servicios esenciales y hogares vulnerables.
Supongamos que un pequeño productor recibe un cupo de 100 unidades energéticas. Dentro del cupo recibe apoyo; desde la unidad 101 paga precio completo. El sistema tiene dos perillas: cuánto apoyamos por unidad y cuántas unidades apoyamos. Y ambas pueden disminuir gradualmente.
El beneficio puede funcionar con una triple llave: persona, vehículo y actividad económica. Sabemos quién recibe, cuánto recibe y por qué. El subsidio deja de esconderse dentro del litro y adquiere nombre, límite y fecha de salida.
Ahí está la diferencia fundamental con el paquete actual. El Gobierno está eliminando correctamente una subvención generalizada, pero simultáneamente está trasladando la volatilidad internacional al consumidor y después intenta recoger sus consecuencias mediante bonos, créditos, perdonazos, enlosetados y otras medidas compensatorias.
Mi propuesta actúa antes y de manera integrada. El Precio de Referencia determina el costo económico. La Banda y el Fondo administran el shock extraordinario. El Token protege directamente a quien necesita ayuda. Tres problemas. Tres instrumentos.
Y probablemente con menor costo fiscal que una colección permanente de compensaciones dispersas, siempre que los cupos, beneficiarios y reglas del Fondo estén estrictamente delimitados. No se trata de gastar más. Se trata de gastar mejor: estabilizar solamente cuando existe un shock excepcional y subsidiar únicamente a quien decidimos proteger.
Durante décadas cometimos un error: intentamos resolver toda la política energética con gasolina barata. Ahora corremos el riesgo de cometer el error inverso: resolver las consecuencias de la gasolina cara con una lluvia de programas públicos. Ni una cosa ni la otra.
Necesitamos precios reales, pero no precios histéricos; mercado, pero no ingenuidad geopolítica; protección social, pero focalizada; disciplina fiscal, pero no masoquismo macroeconómico.
Eliminar la subvención universal era necesario. Pero eliminarla no significa que Bolivia deba contratar automáticamente una suscripción al precio internacional de cada guerra.
Después de todo, el agricultor boliviano no invadió ningún país, el transportista no bloqueó el estrecho de Ormuz y la señora que compra tomates probablemente ni siquiera sabe dónde queda.
No veo por qué deberían recibir la factura completa. Mercado al surtidor. Guerra al Fondo. Subsidio a la gente. Entre volver a la subvención eterna y convertir cada surtidor boliviano en una sucursal del estrecho de Ormuz existe un enorme espacio llamado política económica innovadora. Y justamente para eso debería servir.