Bolivia nuevamente se encuentra frente a una grave crisis política y social que tendrá profundas y muy negativas consecuencias económicas. El nuevo gobierno se encuentra asediado por los bloqueos de caminos y las marchas en la sede de gobierno que atentan contra la seguridad y la salud de quienes habitan el área metropolitana La Paz-El Alto, y no encuentra la salida a la situación frente al temor de generar una ola de violencia que se pueda descontrolar.
En estas circunstancias, se reactivan todos los ejes que nos dividen a los bolivianos, las áreas urbanas frente a las áreas rurales, el occidente frente a el oriente, indígenas versus mestizos, y un largo etcétera que pone nuevamente en duda nuestra capacidad de convivir como nación y nuestra viabilidad como país.
Aparecen muchos tratando de justificar las reacciones de los sectores movilizados como un derecho por sentirse excluidos del poder después de veinte años de ser parte de este; o por sentirse engañados por el nuevo gobierno que se eligió con sus votos y procura gobernar con un programa distinto; que no se ven reflejados en el gabinete; y una serie de otros argumentos para justificar las movilizaciones y su violencia.
En todos estos análisis habrá que identificar los verdaderos motivos y a los reales instigadores de estos bloqueos y de las marchas, separando las condiciones que generan un caldo de cultivo propicio para el malestar social de los intereses de los dirigentes sindicales y políticos que organizan estas movilizaciones.
En cuanto a las condiciones propicias es innegable que toda crisis económica produce sufrimiento y el país lleva varios años de dificultades económicas que siempre se cobran a quien está en el gobierno. Frente a ello, la actual gestión con sus promesas electorales y su exitismo inicial cometió un gravísimo error de comunicación al no explicar a la población la real situación con la cual recibió el país y el largo periodo de sacrificios necesarios para superar la crisis.
Si a ello se suma los problemas de la baja calidad de la gasolina que ocasionó costosos daños en el parque automotor, causando pérdidas económicas que afectaron a todos los sectores de la sociedad, se sumaron una serie de circunstancias que están siendo aprovechadas por los dirigentes para buscar recuperar el poder que durante dos décadas sirvió a sus intereses políticos y económicos.
Estos intereses no son exactamente los mismos, pero coinciden en un mismo momento aprovechando la debilidad de un gobierno que no supo traducir los votos en una coalición que brinde gobernabilidad, y que se caracteriza por la ambigüedad de sus posiciones y la permanente indecisión y retrocesos en sus medidas, lo que rápidamente es percibido por dichos dirigentes como una oportunidad para obtener ventajas que les aseguren sus privilegios.
En cuanto a los líderes políticos desplazados en la última elección, claramente se advierten dos corrientes, la que busca la sucesión constitucional, para formar gobierno alrededor del vicepresidente Lara, y la que impulsa Evo Morales, buscando un borrón y cuenta nueva que le permita habilitarse electoralmente y postular candidatos a la Asamblea Legislativa frente al grave error que significó su autoexclusión por el llamado al voto nulo.
Todo esto sucede en nombre del llamado poder de la calle, argumentando que la democracia basada en las instituciones no es la única realidad en Bolivia y que esa otra realidad paralela también debe ser tomada en cuenta y tener sus espacios de participación, aunque en realidad buscan el cogobierno.
Sin embargo, no es verdad que estos sectores representen a la mayoría del país, aunque a fuerza de repetición muchos se hayan convencido de ello y a otros les convenga mostrarse convencidos y quieran convencer a la opinión pública de lo mismo.
La verdad es que existe una inmensa mayoría ciudadana, mayoritariamente urbana, que no está de acuerdo con la violencia que ejercen estos grupos y que demanda que se restaure el orden y se aplique la ley para garantizar sus derechos y libertades, procesando y sancionando a quienes atentan contra la democracia y las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Qué hacer frente a esta situación si ni el gobierno, ni el estado, parecen tener la fortaleza necesaria para restablecer el orden y el imperio de la ley.
Lo primero, defender la democracia, una sucesión forzada por la violencia tendría consecuencias catastróficas, no solo para la economía sino para la misma unidad de los bolivianos. Lo segundo, reconstruir la institucionalidad estatal para responder efectivamente la amenaza de quienes no aceptan perder el poder por el voto ciudadano. Tercero, el gobierno debe reinventarse, pues no puede solamente sustentarse en la noción de que cualquier otra alternativa sería desastrosa.
