Acusados por asentamientos en Bajo Paraguá exigen liberación de aprehendidos y advierten con medidas de presión
Interculturales y campesinos denunciaron la “traición de las autoridades municipales (de San Ignacio de Velasco) por el secuestro” de sus compañeros; dan 24 horas para la liberación de los mismos
Según un voto resolutivo que se dio en un ampliado de emergencia de la Central San Martín, que es parte de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Campesinos Corredor Norte de la Chiquitania, hay una declaratoria de emergencia y un plazo de 24 horas para que se libere a seis personas que fueron aprehendidas en días pasados por estar presuntamente relacionadas con las quemas y desmontes registrados en la reserva del Bajo Paraguá.
La aprehensión de estas personas fue confirmada por autoridades como el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, y la diputada opositora María René Álvarez (Creemos), quien identificó a estos grupos como interculturales y campesinos ajenos a la jurisdicción de San Ignacio de Velasco, municipio en el que se encuentra la mencionada área protegida.
En el voto resolutivo, los miembros de la Central San Martin también se declaran en emergencia y piden la liberación inmediata de sus compañeros en un tiempo no mayor a las 24 horas, caso contrario activarán medidas de presión.
“Repudiamos de manera categórica a las autoridades, quienes convocaron con el pretexto falso del diálogo para abordar situación actual del predio, donde (los aprehendidos) fueron secuestrados por el fiscal, diputada, alcalde, ABT, Comité cívico y otros”, sostuvo uno de los voceros.
MIRA AQUÍ: Activan seis procesos administrativos contra “supuestas comunidades” por desmonte en el Bajo Paraguá
En este sentido, advierten también que hay una traición por parte de las autoridades ignacianas por la aprehensión de estas personas y negando que los grupos del Bajo Paraguá se encuentren armados o hubieran realizado un cerco a las autoridades que realizaron una inspección en días pasados en esta área protegida, aunque no negaron el tema de los asentamientos.
Del mismo modo, expresaron su rechazo por la pausa ambiental declarada por el Gobierno nacional en días pasados ante la escalada de incendios forestales que afecta principalmente a Santa Cruz y la zona oriental del país.
Después de que advirtieran quemas y desmontes ilegales en la reserva del Bajo Paraguá, lala Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) reportó más de seis procesos administrativos en contra de “supuestas comunidades”.
Franz Valdez, director general de Manejo de Bosques y Tierra de la ABT. resaltó el tema de las “supuestas comunidades” porque no presentaron el derecho propietario o alguna resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que haya autorizado su asentamiento.
