Canciller advierte en la OEA que crimen organizado “aprovecha conflictividad prolongada” en la región
El canciller Fernando Aramayo hizo un recuento de lo ocurrido recientemente en Bolivia, que sufrió 50 días de bloqueo de carreteras que dejaron millonarias pérdidas y muertes de ciudadanos
En el marco del 56° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el canciller Fernando Aramayo sostuvo que las democracias de la región enfrentan ahora tensiones sociales más intensas, ante una creciente polarización política, “expansión de la desinformación, mayores niveles de violencia y una progresiva erosión de la confianza en las instituciones públicas”.
A esto se suma que en América Latina se observa cómo el crimen organizado evoluciona y “aprovecha espacios de debilidad institucional y conflictividad prolongada”.
Aramayo se refirió a los bloqueos de carreteras que sometieron a Bolivia durante más de 50 días y dejaron millonarias pérdidas al Estado, además de más de 10 fallecidos que no pudieron transitar libremente en las carreteras para recibir atención médica.
En su recuento, señaló que el conflicto inició “como ocurre en toda democracia”, con demandas diversas y en muchos casos legítimas, pero que a medida que avanzaron los días, escaló a una mayor conflictividad.
Según el canciller, los bloqueos “dejaron de ser un mecanismo de presión para el diálogo y pasaron a operar como un instrumento para paralizar al país y generar un costo político creciente”.
Con ello, planteó ante el pleno de la OEA que “la protesta pacífica es un derecho” al igual que la libertad de expresión, pero que esto entra en contrasentido cuando se usan para frenar la libre circulación, el acceso a la salud, a los alimentos, al trabajo y a la seguridad.
“Cuando ambulancias no pueden circular, cuando faltan medicamentos, cuando se interrumpe el abastecimiento y se inmovilizan ciudades enteras, el conflicto deja de ser la expresión de un derecho y se convierte en una colisión entre derechos fundamentales. Y en ese punto es donde el Estado tiene la obligación de actuar”, agregó.
MIRA AQUÍ: Paz pide cárcel y “actuar con firmeza” contra “aquellos que han hecho daño” con los bloqueos
Entonces, “¿cómo garantizamos, al mismo tiempo, la participación, la protesta y la expresión de las diferencias, junto con el funcionamiento efectivo del Estado y la vida colectiva?, esto no es un debate teórico, es un desafío práctico que atraviesa hoy todo el hemisferio”.
“En América Latina observamos cómo el crimen organizado evoluciona, se adapta y aprovecha espacios de debilidad institucional y conflictividad prolongada. Ya no se trata únicamente de estructuras jerárquicas, sino de redes flexibles que operan a través de múltiples países y economías ilícitas”, señaló el canciller.
MIRA AQUÍ: Bolivia libre de bloqueos: ¿Quién pagará los daños causados en los 53 días de protestas?
En ese contexto, acotó que ningín episodio de inestabilidad puede analizarse de forma aislada y “no existen pruebas judiciales concluyentes sobre la participación directa de redes criminales en los hechos recientes, pero sí existe un entorno que exige una mirada más amplia, un entorno en el que los Estados, que fortalecen su institucionalidad, combaten redes ilícitas, afectan intereses poderosos y, por tanto, enfrentan resistencia”.
