Desde el MAS piden juicio de responsabilidades contra el presidente del TSJ por revisión de detenciones preventivas

Desde el TSJ se instruyó en días pasados revisar los plazos procesales en las investigaciones que hay contra Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, así como también los detenidos preventivos de las cárceles del país

Publicación: Hace 2 horas
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[Foto: TSJ] / Romer Saucedo es la máxima autoridad del TSJ

El jefe de bancada del MAS, José Luis Flores, anunció que solicitará un juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por emitir un instructivo que ordena revisar los plazos procesales en los casos de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

La objeción principal del MAS radica en que la instrucción del TSJ, emitida el viernes, solo lleva la firma de Romer Saucedo y no fue aprobada en sala plena del TSJ, por lo que acudió hasta la ventanilla de la Cámara de Diputados para ingresar el pedido y que este siga el conducto regular.

“¿Por qué este señor o este magistrado tiene que emitir esta instructiva si no es su facultad de él? (...) Desde nuestro punto de vista ha cometido dos delitos”, sostuvo Flores al advertir al menos el incumplimiento de deberes por parte de Saucedo.

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José Luis Flores ingresó el pedido en ventanilla de la Cámara de Diputados
José Luis Flores ingresó el pedido en ventanilla de la Cámara de Diputados

El parlamentario oficialista también criticó que la directriz se enfoque inicialmente solo en tres personas, es decir, en Añez, Camacho y Pumari; sin embargo, posteriormente, el TSJ amplió la instrucción a todos los detenidos preventivos.

Flores dijo que Saucedo debe presentarse para la respectiva investigación y agregó que la Comisión de Justicia deberá asumir el proceso para llevar adelante el procedimiento legal correspondiente.

El legislador sostuvo que la disposición de Saucedo “está instrumentalizando la justicia en nuestro país por un orden político”, aludiendo a recientes decisiones judiciales que permitieron salidas legales a implicados en el conflicto poselectoral de 2019.

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