¿Hay cárteles transnacionales del narcotráfico operando en Bolivia? Nuevo fiscal de Beni da contundente respuesta
En las últimas horas la Policía aprehendió en la localidad de Riberalta, en Beni, a Weberton Santana da Silva; según el fiscal departamental, hay detenciones vinculadas al narcotráfico, pero eso no significa que hayan operaciones estructuradas de bandas internacionales
Bolivia, al igual que Colombia, fue descertificada por Estados Unidos en la lucha antidrogas. En el reporte del país norteamericano se destaca que existen tareas pendientes y una de ellas es garantizar que no sea refugio de grupos narcotraficantes; ante ello, surge la pregunta: ¿Hay cárteles transnacionales del narcotráfico operando en nuestro país?.
Para el nuevo fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza, aunque se han detenido a personas vinculadas al narcotráfico, no hay evidencia clara de la existencia de organizaciones criminales estructuradas que operen en el país.
“No queremos aventurarnos a opinar sobre la existencia de carteles de diferentes organizaciones”, dijo Mendoza en entrevista con La Revista de la red Unitel.
Expertos coinciden en que el departamento de Beni se ha consolidado como un punto clave en las rutas del narcotráfico por su geografía, sus vías fluviales y su cercanía con zonas de producción.
Según la criminóloga Gabriela Reyes, esta región forma parte de una ruta usada para el tráfico de drogas desde Perú, resaltando que Bolivia no solo es un país de tránsito, sino también de su transformación.
A ello se suma que en las últimas horas la Policía aprehendió en la localidad de Riberalta, en Beni, a Weberton Santana da Silva, un brasileño que tiene el sello rojo de búsqueda de Interpol y cinco órdenes de prisión en su país.
Al respecto, el fiscal Mendoza consideró que “lo que sí tenemos es que ciertas personas, como el brasileño detenido, están vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, no hemos podido determinar que haya una organización criminal estructurada que opere en nuestro territorio”.
Mendoza enfatizó que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad y que se debe continuar trabajando para combatir este delito que afecta a la niñez, adolescentes y la sociedad en general “respetando siempre el debido proceso y los derechos y garantías de toda persona investigada”.
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