Secuestro de documentos en el TCP marca nuevo avance en la investigación contra prorrogados
El material secuestrado será analizado posteriormente por el Ministerio Público como parte de las diligencias que buscan esclarecer las posibles responsabilidades de los exmagistrados en los hechos denunciados
La Fiscalía procedió este miércoles al secuestro de documentación tras el registro de las oficinas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el marco de una investigación por presunta falsedad ideológica y acoso político que apunta a los magistrados prorrogados que cesaron sus funciones en las últimas horas.
Así lo reflejó el fiscal de materia, Javier Gorena, quien explicó que el material será analizado posteriormente para esclarecer las posibles responsabilidades de las exautoridades denunciadas.
“Se ha recolectado algunas documentales que van a ser analizadas en el momento correspondiente, ya que también hemos desplegado una serie de actos investigativos, requerimientos dispuestos a la Presidencia del TCP y a otras instancias, para poder colectar todos los elementos en esta fase preliminar de la investigación”, precisó la autoridad.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por las magistradas electas Amalia Laura y Paola Prudencio, actual presidenta del TCP, quienes señalaron que los exmagistrados emitieron autos constitucionales sin su conocimiento ni sus firmas, vulnerando procedimientos legales.
Gorena, explicó que la diligencia se realizó bajo los protocolos establecidos y con el apoyo del laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tema que apunta a los cinco magistrados prorrogados: Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.
Segùn los antecedentes del caso, la denuncia señala que su prórroga irregular de mandato, aprobada mediante una resolución, contravino la Constitución y permitió su continuidad en funciones sin respaldo legal.
Entre la documentación secuestrada se apunta registros relacionados con los autos constitucionales 002/2025 y 0070/2025, considerados clave para la investigación, con lo que la Fiscalía busca verificar si existieron delitos y determinar la responsabilidad penal de los exmagistrados en la emisión irregular de estas resoluciones.
