Tiktoker aprehendido en Santa Cruz es acusado por el presunto delito financiero de difusión de información falsa
El abogado del joven de 20 años consideró que se pretende “criminalizar” la libertad de expresión que se da en redes sociales y cuestionó a la ASFI calificando la situación de un “abuso”
La orden de aprehensión del tiktoker J.C. V. refleja que es acusado presuntamente cometer delito financiero de difusión de información falsa, tema que también fue reflejado por su abogado, Andrés Ritter.
Según el reporte, el contenido publicado en su cuenta de TikTok vulneraría la Ley de Delitos Financieros, el caso fue denunciado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y que procedió con la aprehensión del joven en las últimas horas, en la capital cruceña.
El video, que motivó la denuncia, contenía recomendaciones como cambiar bolivianos a dólares o invertir en criptomonedas, según reflejó Ritter, al señalar que su defendido no cometió ningún delito y solo expresó una opinión.
La Ley de Delitos Financieros establece sanciones de 5 a 10 años de cárcel para quienes difundan información falsa que provoque el retiro masivo de depósitos o afecte la estabilidad del sistema financiero; no obstante, excluye los análisis u opiniones basados en información verificable.
“Es un abuso, lo que está pasando con este joven puede pasar con cualquiera. ¿Será que podemos criminalizar la libertad de expresión?”, cuestionó el jurista al considerare que la aprehensión responde a una acción dirigida para amedrentar a su defendido, quien también había publicado críticas y denuncias sobre autoridades locales.
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El abogado también criticó la intención de trasladar al joven a La Paz y señaló que se está intentando usar una figura penal para castigar expresiones vertidas en redes sociales. “Pedimos a los fiscales que no caigan en el juego de la ASFI”, expresó.
El joven permanece en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen mientras se define su situación jurídica, mientras que su defensa anunció que presentará recursos legales para cuestionar la legalidad de la detención y la competencia del Ministerio Público en el manejo del caso.
