“La corrupción se ha institucionalizado en Bolivia” y el MAS generó las condiciones para que suceda, dice analista
Un estudio internacional señala que Bolivia es el país más corrupto de Latinoamérica y el segundo en el mundo
Bolivia es el país con mayor corrupción en la región y el segundo en el mundo (puesto 141) , según un informe del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), presentado recientemente con base a datos de 2024.
Para el analista constitucional, William Herrera, este estudio refleja: “que el Movimiento al Socialismo (MAS) se encargó de generar las condiciones para llegar a esto”.
Considera además que en más de una década de la administración del Estado que ha tenido el actual partido de Gobierno, nunca creyó en la separación de poderes y lo que hizo fue centrarlo dejando de lado la independencia, que está dentro de la Constitución Política del Estado.
Con ello refiere que el Gobierno ha hecho de juez y parte creando oficinas y programas anticorrupción, pero en el fondo lo que había era más irregualidades, algo que está reflejado en el informe de WJP.
En ese contexto, hizo referencia al reciente caso denominado consorcio, donde se investiga la participación de exjueces, vocales y del exministro de Justicia, César Siles, que enfrentan un proceso por supuestamente direccionar un fallo judicial para suspender a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“La corrupción se ha institucionalizado en Bolivia, lo que sucedió con el (ex)ministro Siles refleja eso; es una situación preocupante”, dijo a UNITEL.
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“Nunca se hizo buena letra en términos de corrupción, se creó en su momento una oficina anticorrupción, un programa cero corrupción, pero lo cierto es que está institucionalizada, precisamente por la forma en como se ha adminsitrado el Estado”, apuntó Herrera.
En dicho informe, el WJP hace la medición sobre la “ausencia de corrupción” y para ello se basa en cuatro puntos entre los que figura que los funcionarios del Ejecutivo no utilicen el cargo para fines privados.
El otro punto es que que los funcionarios del Poder Judicial eviten el uso indebido del cargo para beneficio personal; un tercer ítem de medición establece que los integrantes de la Policía y el Ejército no aprovechen su posición para obtener ventajas privadas.
Mientras que el cuarto punto en el que se basa el informe es que que los funcionarios del Poder Legislativo no se beneficien personalmente del cargo.
