Evo Morales: “La viabilidad de la extradición de Dávila es un acuerdo de Luis Arce con el TSJ”
Según Evo Morales, el exjefe antidrogas debe ser juzgado en Bolivia y apuntó al ministro de Justicia, quien -según su versión- se encargó de “presionar a los autoprorrogados” para que se apruebe el trámite extradición.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia autorizó el miércoles la extradición a Estados Unidos de Maximiliano Dávila, quien fue el último director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la gestión de Evo Morales.
El líder del MAS se pronunció respecto a este tema, señalando que la entrega de esta persona a la Justicia extranjera se debe a un supuesto acuerdo entre los tribunos y el Gobierno de Luis Arce.
“La viabilidad de la extradición de Dávila es un acuerdo de Luis Arce con el Tribunal Supremo de justicia”, sostuvo Morales apuntando al ministro de Justicia, Cesar Siles de generar supuestas “presiones a los autoprorrogados para ampliar el acuerdo de impunidad”.
El TSJ señaló que Dávila es investigado por un tribunal de Nueva York por los delitos de “asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con narcotráfico”.
En un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales, Morales puso de manifiesto que “cualquier investigación, por soberanía, debe darse en territorio nacional con los juzgados de nuestro país y no entregados por razones políticas”.
El jueves, el ministro Siles recordó que el procedimiento nació de una solicitud de Estados Unidos para la detención preventiva con fines de extradición del exjefe antinarcóticos.
Agregó que la autorización del TSJ habilitó un procedimiento diplomático. Sin embargo, explicó que aún faltan “algunos pasos procesales, por ejemplo, la notificación a las partes” y la posibilidad de presentar una “complementación, aclaración, enmienda” del auto supremo.
El exjefe antidrogas fue detenido en enero de 2022 y está encarcelado preventivamente en La Paz desde entonces, acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, que se sanciona con 5 a 10 años de cárcel.
