Rodríguez Veltzé dice que “autoprorrogados” ya no son magistrados y el fiscal “está obligado a promover una acción penal”
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que envió la denuncia del presidente del TSJ al Legislativo para que esta instancia determine si este caso debe ser tratado en el marco de un juicio de responsabilidades o por la vía ordinaria.
Para el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señalados como “autoprorrogados” terminaron su mandato el 31 de diciembre de 2023.
En su criterio, desde esa fecha, “ya no gozan de juicio de responsabilidades” y, por lo tanto, el Fiscal General del Estado “está obligado a promover acción penal pública por denuncia”.
MIRA AQUÍ: Fiscalía deja en manos de la Asamblea Legislativa la denuncia contra “autoprorrogados” del TCP
El también expresidente de la extinta Corte Suprema de Justicia afirmó que “no hacerlo es avalar la autoprórroga”.
“Los 5 ex magistrados cesaron en su mandato el 31.12.23. Desde entonces ya no gozan de juicio de responsabilidades bajo las Leyes 044 y 612. El Fiscal General está obligado a promover acción penal pública por denuncia. No hacerlo es avalar la autoprórroga”, escribió el exmandatario en sus cuentas de redes sociales.
Los 5 ex magistrados cesaron en su mandato el 31.12.23. Desde entonces ya no gozan de juicio de responsabilidades bajo las Leyes 044 y 612. El Fiscal General está obligado a promover acción penal pública por denuncia. No hacerlo es avalar la “auto prórroga”.
— E. Rodríguez Veltzé (@erveltze) October 8, 2025
El martes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una denuncia en la Fiscalía contra el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, y los magistrados René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo.
Los citados magistrados firmaron resoluciones con las cuales frenaron las elecciones judiciales en cinco regiones para el TSJ y el TCP y, luego, avalaron su permanencia hasta que se elijan a sus sucesores en otros comicios.
La demanda penal es por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y surgió luego que el lunes Saucedo emplazara a los cinco magistrados a renunciar “inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó el miércoles que envió el trámite a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que esta instancia determine si este caso debe ser tratado en el marco de un juicio de responsabilidades o por la vía ordinaria.
Para Rodríguez Veltzé, Hurtado y sus colegas ya no son magistrados y deben someterse a la justicia ordinaria.
