Vocero de la Alcaldía dice que auto constitucional deja sin efecto el arraigo contra Jhonny Fernández
El vocero señaló que debe pronunciarse el Tribunal Constitucional después de que trabajadores municipales señalaran que el alcalde tiene un arraigo por un proceso relacionado a la falta de pago de beneficios sociales
El vocero de la Alcaldía de Santa Cruz de Sierra, Bernardo Montenegro, señaló este martes que el arraigo contra el alcalde Jhonny Fernández “queda sin efecto” por la vigencia de un auto constitucional admitido en Sucre, que dispone la no ejecución del laudo arbitral que dio origen al proceso hasta que se resuelva el recurso de nulidad presentado por el Gobierno Municipal.
El reporte se da después de que un grupo de trabajadores municipales protestó frente a la Alcaldía, denunciando que el alcalde Jhonny Fernández se encuentra arraigado por un proceso laboral relacionado con el incumplimiento en el pago de beneficios sociales.
“Cualquier emisión de fallo o decisión, como un arraigo, por parte del juez laboral, queda nula con este auto constitucional”, señaló Montenegro al indicar también que el tema será notificado al juzgado en las próximas horas.
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Montenegro sostuvo que se está manejando “mucha desinformación” sobre este tema y explicó que el auto constitucional deja en suspenso el proceso laboral iniciado por el Sindicato de Trabajadores Municipales. “Este tema del supuesto arraigo no tiene pies ni cabeza”, expresó.
Respecto a la posibilidad de que el alcalde salga del país, Montenegro manifestó que “absolutamente, el alcalde puede viajar con normalidad. Esto deja sin efecto cualquier determinación del juzgado laboral”.
Sin embargo, en paralelo, el director de Migración confirmó que el arraigo está vigente y Montenegro aclaró que esto se debe a que el juzgado todavía no ha recibido formalmente el auto constitucional desde Sucre, pero que eso ocurrirá entre hoy y el jueves.
“Este fallo está vigente, deja sin efecto cualquier medida cautelar, llámese arraigo o cualquier otra, en tanto no se resuelva este recurso”, concluyó el vocero.
Los trabajadores aseguraron que ganaron un laudo arbitral hace dos años, el cual ordenaba al Gobierno Municipal pagar más de Bs 2 millones; no obstante, según la dirigente Patricia Casanova, la deuda ha crecido hasta los Bs 25 millones debido a la falta de cumplimiento.
