Viceministra de Seguridad dice que abogados de Camacho deberían “brindar garantías” para el traslado del gobernador
Aunque se tiene al aparato policial bajo su mando y que hay una orden judicial que ordena proceder con el traslado del gobernador a Santa Cruz, desde el Gobierno señalan no tener condiciones para acatar esta disposición
Aunque la seguridad y los traslados de personas privadas de libertad están bajo control del Estado, la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, sostuvo que son los abogados de Luis Fernando Camacho quienes debían “garantizar” las condiciones para su traslado a Santa Cruz y regreso a La Paz.
“Creo que aquí, este trabajo debió haber sido realizado por los abogados (de Camacho) para que ellos brinden garantías”, señaló la viceministra Arraya, cuando se le informó que la defensa señala que se está restringiendo los derechos de la autoridad cruceña y exigen que se cumpla la disposición de la Justicia para trasladarlo a una audiencia en Santa Cruz.
La viceministra negó que exista una restricción y reiteró que la defensa de Camacho “debería garantizar un escenario de tranquilidad” para que la autoridad cruceña se presente a declarar en Santa Cruz y posteriormente sea trasladado de regreso a La Paz.
Camacho cumple detención preventiva en Chonchocoro, tiene fijada una audiencia de juicio oral para este viernes por el caso del decreto departamental 373; sin embargo, pese a existir una disposición judicial que ordena el traslado, desde Régimen Penitenciario informaron que el traslado no se realizar.
Según Arraya, la resolución del juez pedía un informe sobre el traslado de Camacho. La viceministra dice que se desaconsejo llevar a la autoridad cruceña a Santa Cruz supuestamente por antecedentes “antecedentes” como la quema de la Fiscalía a finales de diciembre de diciembre de 2022 tras la aprehensión de Camacho.
A pesar de que el tribunal, que juzga a Camacho, ordenó su traslado para una audiencia presencial, la autoridad reiteró que los abogados del gobernador “deberían garantizar un escenario de tranquilidad” para que pueda cumplir con su declaración y regresar a su centro de detención en Chonchocoro sin contratiempos.
“El Comité cívico ha sido muy claro con relación a esto (...) y esta alerta estaba dirigida a que a que no se le permita a la Policía o a las autoridades volver a sacar a esta persona ”, señaló Arraya, aludiendo a declaraciones de un dirigente que supuestamente alertó a la población cruceña, considerando así que este tipo de mensajes justifican la decisión de no proceder con el traslado.
Desde la defensa del gobernador, el abogado Martín Camacho cuestionó que, con la audiencia del viernes, serán 15 veces en que el Gobierno incumple la orden judicial, tema que en diferentes ocasiones fue denunciado como una vulneración del debido proceso.
“El 31 de enero del año 2024, el tribunal de sentencia dictó un auto de apertura señalando que el juicio iba a resolverse de manera presencial y, por lo tanto, ordenó el traslado del gobernador”, recordó el abogado.
