TSJ anuncia procesos penales contra una jueza y “prorrogados” por irregularidades en el caso Mutualista
Este jueves se dio a conocer el informe hecho por la comisión que revisó el caso Mutualista en donde se identificó irregularidades en la documentación del predio que reclama un privado
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reveló irregularidades en el caso del mercado Mutualista de Santa Cruz y anunció que se remitirán antecedentes al Ministerio Público para iniciar procesos penales contra una jueza de Pailón y exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Entre los antecendetes, Saucedo señaló que se interpuso un amparo constitucional para dejar sin efecto la Ley Municipal 417 de 2016, que declaraba bien de dominio público al mercado Mutualista.
En el informe emitido esta jornada identifica responsabilidades penales contra una juez de Pailón que, según Saucedo, vulneró la jurisdicción al presentar un amparo constitucional en dicha localidad, a pesar de que el bien inmueble y los domicilios procesales estaban en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
“La juez admite el amparo y otorga medidas cautelares, pero después dice, no soy competente, y declino competencia a Santa Cruz para que resuelva la sala que correspondía. ¿Cómo es que primero admite, otorga medidas cautelares y después dice, no tengo competencia? Esto tiene responsabilidad penal y vamos a remitir antecedentes al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes”, enfatizó el presidente del TSJ.
En ese contexto, añade que “es ahí donde viene ya una serie de actuaciones donde se llega a esa sentencia constitucional por los magistrados autoprorrogados que resolvieron esta situación”.
Con ello y ante la sentencia emitida posteriormente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a favor de la familia Crapuzzi, Saucedo declaró que “no podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato”.
“No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato. Y dentro de este informe también se ha hecho un análisis, porque el hecho de que sea una sentencia constitucional dictada por el TCP, no exime de que esa sea una sentencia prevaricadora, y será el Ministerio Público también quien reciba la denuncia correspondiente contra estos señores, a efectos de que inicie la investigación correspondiente”, dijo la autoridad.
