Surge rechazo contra el decreto 4732 al advertir que atenta a la preventa de inmuebles
El decreto establece que todo contrato de preventa de inmuebles deberá contar obligatoriamente con la certificación de no contener cláusulas abusivas, emitida por el Ministerio de Justicia
El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) – Filial Santa Cruz, Jorge Franco, sostuvo que el sector se encuentra en alerta debido al rechazo latente que hay en torno al decreto supremo 4732, ya que consideran que la norma afecta directamente a la construcción y a la preventa de inmuebles.
Tal decreto en cuestión fue puesto en vigencia en julio de 2022 y apunta frenar las cláusulas y prácticas comerciales “abusivas” en contratos de preventa de bienes inmuebles, cuya cumplimiento está bajo tuición del Ministerio de Justicia.
El decreto refleja que los contratos (venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades conocidas comúnmente como preventa) “en forma previa a la suscripción de los mismos, deberán contar obligatoriamente con la certificación de no contener cláusulas abusivas, misma que será emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia”.
¿Cuál es la observación?
La SIB contempla que la preventa de inmuebles mueve la economía y también genera ingresos para que se terminen la construcción en ciertos edificios, tema que ha sido interiorizado con el denominado Consejo de Defensa de la Propiedad Privada.
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“No se podrá lanzar en preventa ningún inmueble, ningún terreno, ninguna casa que esté en construcción porque hay que pedirle permiso al Ministerio de Justicia y nos tiene que certificar”, cuestionó el ejecutivo en conferencia de prensa, en un contexto en el que también se expresó el rechazo contra el abrogado decreto 5143 sobre Derechos Reales.
Durante la puesta en vigencia del decreto, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, negó que la normativa sea un mecanismo que pueda ahuyentar la inversión formal en Bolivia, sino más al contrario, formalizar la economía y potenciar al sector empresarial que hay en el país.
La autoridad manifestó que el decreto está enfocado a resguardar, a proteger los derechos de usuarios y consumidores que demandan a veces el servicio de una inmobiliaria, para adjudicarse un bien inmueble o a veces demandan el bien inmueble, directamente.
“No estamos de acuerdo porque siempre que entra el Gobierno hay una burocracia, después genera corrupción y, lastimosamente, termina esto prostituyéndose y generando de que las construcciones o que la economía se paralice cuando más bien necesitamos más apoyo en la construcción para que esto avance”, expresó Franco.
